Antes de hacer recomendaciones al sistema electoral venezolano, el Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) parte de la tesis de que previo al 14A hubo un “vicio de nulidad que afecta a todo el proceso electoral”: la interpretación de la Sala Constitucional de los artículos 229 y 232 que permitió la participación de Nicolás Maduro como candidato fue errónea, pues entienden que no le estaba permitido por ser vicepresidente.

“El TSJ no sólo fuerza la Constitución, al convertirlo en Presidente sin cumplir los requisitos constitucionales, legales y procedimentales sino que olvida los artículos 57 y 58 de la Lope y 128 del Reglamento Electoral, que señalan que todo funcionario público debe separarse del cargo para postularse a elección popular. La interpretación resulta forzada e incluso sospechosa de una conducta prevaricadora”, advierte en un informe la misión de apoyo internacional, que participó el 14A y permaneció en el país entre el 11 y el 22 de abril para ver y levantar información en Táchira, Mérida, Zulia y Distrito Capital.

“Maduro no cumple con los requisitos del artículo 227 de la Constitución, puesto que contraviene el 229. Esta situación constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso, haciéndolo nulo de pleno derecho, y la Sala Constitucional del TSJ habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la Constitución que ha jurado defender y garantizar (…). Todo acto que viole los derechos constitucionales son nulos y los funcionarios que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”, indican.

Los delegados internacional renuncian al pacto “confidencial” que impone el CNE a los “acompañantes” y optan por hacer público el informe, de 28 páginas, por considerar que las limitaciones son “un obstáculo insalvable” para ofrecer recomendaciones al Gobierno, a los ciudadanos, a la rendición de cuentas o transparencia pública. “En las últimas decisiones del TSJ se constata una muy preocupante permeabilidad a la voluntad del Ejecutivo y del partido que le mantiene. Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad exigible a este órgano en un sistema democrático”, afirman.

Dudas. El Instituto de Altos Estudios Europeos detectó las siguientes irregularidades:

- “Inseguridad jurídica e inquietud ciudadana sobre el origen de la candidatura de Maduro, su elección o las respuestas contradictorias sobre aceptar una auditoría”.

- Afán de conservar el poder “a toda costa” y mantener el legado de Chávez constituye una violación de las normas y aumentar “la sospecha de una suspensión del Estado de Derecho”. “Las instituciones del Estado han perdido neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.

- “Actores políticos siguen volcados en enfrentamientos y no en debates que garanticen líneas estables”.

- La negativa del CNE de propiciar una auditoría completa ha generado ataques y “dudas” con respeto a su imparcialidad. IAEE relata cómo fueron testigos de ocho delitos electorales en el liceo Aplicación de Montalbán, Caracas, cuando el diputado del PSUV Robert Serrat llegó con un paquete de cédulas para que indigentes pudieran votar.


Delitos: impedir el derecho al sufragio; “accionar de mecanismos y votos fraudulentos”; porte de armas; alterar el orden; perturbar el acto democrático; asistir a más de un votante, y prohibir votos a discapacitados.

- “El alto nivel de enfrentamiento y agresividad, que contagia a la ciudadanía, propicia una polarización social insostenible”. Por ello proponen crear “espacios mixtos” de diálogo que faciliten la estabilidad y continuidad institucional.

- “Existe una concordancia Estado-administración-partido; líder sucesorio/vicepresidente/candidato a presidente”, que desvía el papel del Estado, que debe atender a todos por igual.

- Se presiona a los funcionarios –fijos o contratados– si no apoyan de manera “activa y manifiesta” al candidato gubernamental y se le moviliza para actos de campaña, indica el informe, que cita las amenazas de los ministros de la Vivienda y Comunicaciones, Ricardo Molina y Ernesto Villegas, respectivamente, así como el uso de las páginas web de la Cancillería para atacar a la oposición.