A menos de tres meses de iniciarse el evento futbolístico más importante del mundo, no hay una sola semana en que en Brasil no aparezcan denuncias de sobreprecios en las obras de los estadios, o del incumplimiento de plazos en la construcción de aeropuertos, carreteras y telecomunicaciones, para no mencionar las crecientes protestas reprimidas con métodos cada vez más violentos para intentar disimular un dato de la realidad: en el país más futbolero del mundo, la mitad de la población se opone a la realización del mundial en su país. El Instituto Datafolha segura que el apoyo al campeonato cayó del 79% en noviembre al 52% en las últimas semanas. Y el 75% de los brasileños no aprueba las inversiones realizadas.

Los proyectos para mejorar la movilidad urbana se fueron reduciendo, el presupuesto para la infraestructura de transporte público cayó en un tercio, mientras cinco de los 12 estadios aún no se han terminado. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se quejó de que Brasil fue el país que más tiempo tuvo para preparar el Mundial, siete años, pero que es el más atrasado en los 40 años que lleva en el organismo.

En estos días en que se conmemoran los 50 años del golpe cívico-militar que derrumbó al gobierno de João "Jango" Goulart, basta ver el caso de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), una entidad privada sobre la cual el Estado no tiene injerencia –pese a que aporta buenos millones de dólares al año– para comprender el trasfondo de despilfarro y corrupción en torno del Mundial. Su actual presidente, José María Marin, también está al frente del comité local de organización del Mundial. Es un viejo conspirador del mundo del deporte. Pero antes ha sido otras cosas.

Fue diputado estatal en San Pablo, en tiempos de la fase más negra de la dictadura militar. Era afiliado a la Arena (Alianza Renovadora Nacional), el partido del gobierno. A fines de 1975, siendo parlamentario, denunció la infiltración del comunismo en la televisión Cultura, la emisora pública estatal, y pidió medidas urgentes. Las obtuvo: detuvieron a Vladimir Herzog, director de periodismo de la emisora, muerto en la tortura. A Marin le pareció un mal inevitable.

Ese es el jefe máximo del fútbol en Brasil. No por casualidad, Dilma Rousseff, quien también fue presa y torturada por la dictadura, se niega a recibirlo. Y el ex jugador y actual diputado Romario, encabeza una campaña para destituirlo tras llamar al campeonato como el mayor robo en la historia. "El verdadero presidente del país hoy se llama FIFA. Ella llega y monta un Estado dentro de otro Estado", agregó en relación a que durante el campeonato regirán las "leyes" que imponen los organizadores. Pelé milita en las filas de los que defienden el Mundial. "El fútbol sólo trae divisas y beneficios para el país", dijo.

El temor a que produzcan masivas manifestaciones durante el Mundial, como sucedió durante la Copa de las Confederaciones en junio pasado, está llevando al gobierno a militarizar las protestas con increíbles despliegues represivos. La represión y la respuesta violenta de los manifestantes han dejado una decena de muertos y numerosos heridos desde hace nueve meses, de acuerdo con el Centro de Medios Independientes. El camarógrafo Santiago Ilídio Andrade, de la Rede Bandeirantes, falleció el 10 de febrero mientras cubría las protestas al caerle en la cabeza un petardo lanzado al parecer por un manifestante contra la policía.
La violencia callejera ha llevado a que las autoridades políticas demanden "mano dura" contra los manifestantes, incluyendo castigos por supuestos actos terroristas, así como la prohibición de llevar máscaras en las movilizaciones. Tras la muerte de Andrade, el abogado Pedro Abramovay, quien colaboró con el gobierno del Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), envió una carta pública al senador Jorge Viana, del PT, criticando el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo y establece elevadas penas para quienes desarrollen actividades definidas como terroristas.


"En su momento, Brasil se resistió a la onda de flexibilización de los derechos impuesta por una agenda externa –y política– de combate al terrorismo. El riesgo que tenemos ahora es que Brasil inaugure una nueva era, que para hacer frente a un nuevo tipo de protesta, que aparece de forma similar en todo el mundo, la solución sea seguir el camino trillado de la guerra contra el terror", agregó. Abramovay alertó de que la ley no es disuasiva al señalar que "aprobar la penalización del terrorismo en Brasil no traerá más seguridad. Nadie dejará de cometer actos terroristas en función de la legislación". El periodista Raúl Zibechi señala que el temor a las protestas y la necesidad de distanciarse de la multinacional del fútbol están llamando a la prudencia a los gobernantes.

Pero el 22 de febrero diversos colectivos convocaron una manifestación en San Pablo a la que acudieron alrededor de 1500 personas. Por primera vez la policía realizó un despliegue de nuevo tipo para neutralizar las protestas. En vez de dispersar a los manifestantes, que vuelven a agruparse en pequeños grupos, hizo un despliegue masivo con más uniformados que manifestantes (2300 frente a 1500), con helicópteros y una amplia estructura de apoyo logístico.

Una vez que comenzó la marcha, la policía procedió a dividirla en dos y cercar a los que consideró más "peligrosos", a cargo del llamado "pelotón ninja", una fuerza de elite de 200 efectivos militares entrenados en karate. Los manifestantes no sólo fueron rodeados sino forzados a sentarse en el suelo y a quienes se resistían se les aplicaba el "mata-león", una llave marcial que paraliza al contrincante por estrangulamiento temporal, apretando el cuello con una mano o rodeándolo por la espalda.

Según Folha de São Paulo, los que quedaron dentro del cerco policial fueron cacos y aquellos que la policía consideró "peligrosos" eran "arrastrados uno por uno por los karatecas". Fueron detenidos 262 manifestantes, liberados casi inmediatamente porque no se les presentaron cargos.

En realidad, cuando fueron abordados por los "polikaratecas" no habían cometido ninguna falta. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI, por sus siglas en portugués), aseguró que varios fotógrafos fueron impedidos de trabajar y algunos resultaron golpeados. "Es un abuso y una afrenta al derecho del periodista de relatar un hecho que está sucediendo. No es la primera vez. Tampoco habrá castigo."
La ABRAJI precisó luego que fueron 19 los fotógrafos y periodistas agredidos o detenidos ese día.

"Desde junio de 2013, fueron registrados 68 casos de agresiones a periodistas en la cobertura de manifestaciones en la capital paulista. De ellos, 62 casos fueron deliberados, ya que ocurrieron a pesar de que el profesional estaba identificado como prensa. En todo el país desde junio pasado registramos 138 casos de agresiones, hostilidad o detención de periodistas que cubrían protestas."

En Brasil se vive además un recrudecimiento de la violencia social. En Río de Janeiro, donde se han instalado Unidades de Policía Pacificadora en 30 favelas, se registró un importante aumento de los homicidios en 2013 luego de tres años consecutivos de descenso. En las fiestas de fin de año las muertes violentas crecieron un 33% en Río y un diez en todo el país.

El 12 de febrero se difundió un Manifiesto contra la criminalización de abogadas y abogados que actúan en defensa de manifestantes, firmado por 90 organismos y cientos de letrados, encabezado por el Instituto de Defensores de los Derechos Humanos.

En el texto se denuncia el sostenido aumento, desde las manifestaciones de junio, de la violencia que sufren los abogados quienes suelen ser "amenazados, ofendidos y hasta agredidos físicamente" cuando se interesan por los detenidos.

Entienden que la actitud policial forma parte de "una constante acción estatal para suprimir los derechos y garantías individuales de los manifestantes a través del cercenamiento de su defensa". Como tantos otros colectivos, demandan la "desmilitarización de las policías y el fin del exterminio contra la juventud pobre y negra en las favelas y las periferias".

En un comunicado del 5 de marzo, el Movimiento Pase Libre (MPL) que encabeza las protestas, denuncia la multiplicación de detenciones arbitrarias por portación de cara o porque el detenido llevaba vinagre en la mochila (para neutralizar los gases policiales) o "porque tenían la intención de realizar una acción black bloc".

No sólo los militantes de esta organización sino también organismos de Derechos Humanos se quejan del accionar de la policía, que está actuando contra los manifestantes del mismo modo "como lo hacen diariamente en las áreas pobres de la ciudad".

Existe un inocultable nerviosismo en el gobierno de Rousseff de cara al Mundial, cuando los focos de los medios se posarán en Brasil. La imagen del país está en juego, argumentan desde las alturas. Lo cierto es que el clima se está volviendo espeso.
El de Brasil será, con mucho, el Mundial más caro de la historia.

El costo total del campeonato oscilará en los 14 mil millones de dólares, más del doble de lo proyectado inicialmente. Casi el 90% de esa cifra sale de las arcas del Estado que, en opinión de los críticos, haría mejor en volcarlas hacia la educación, la salud y la infraestructura.

Esa es una de las principales razones que llevan a la mitad de los brasileños a cuestionar la realización del Mundial. (Tiempo Argentino)

http://www.corrienteshoy.com/vernota...6#.Uz1-7d82bNU